– La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cerró el caso penal que tenía en contra del director de Comunicación Social -con licencia- del Congreso del estado, Ariel Lizárraga Montero, al no encontrar elementos para actuar en su contra y al constatar con base en estudios médicos y psicológicos, que la supuesta víctima “no presentó características de haber vivido una experiencia de tipo sexual”
   
De igual forma notificó ayer a la contraparte en el caso, a través de la señora Ana Bertha Sánchez, de la determinación de archivar la investigación por “No delito”, que pesaba en contra de Lizárraga Montero y Alberto Rivas Sandoval.
   
El 20 de julio de este año, la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Procuraduría, recibió en vía de denuncia, la acusación de la menor Dariana Guadalupe y una de sus hermanas mayor de edad, en contra de su padrastro, Alberto Rivas a quien señalaban de haber abusado sexualmente en contra de la primera.
   
Cuando Lizárraga Montero llegó a la estación de policía “Margarito Saldaña”, a petición de otros miembros de la misma familia, para conocer la situación legal del mencionado, la menor también señaló el funcionario, de haberse propasado supuestamente con ella, en algunas ocasiones.
   
Sin embargo, hubo contradicciones en las declaraciones de las acusadoras, así como en las que posteriormente rindió la madre de la supuesta afectada, quien primero negaba rotundamente los hechos y después también acusó a los señalados, afirmando que se le amenazó con el hecho de que sería procesada  por corrupción de menores y complicidad.
   
Finalmente, todas las personas involucradas en los señalamientos afirmaron que habían mentido o distorsionado los hechos, por que no querían al padrastro, en el caso del primero y para que “no le ayudara a salir”, en el caso del segundo.
   
En sus considerandos, la Unidad Orgánica hace notar esas diferencias en los señalamientos vertidos por las mismas personas, así como lo que establece el certificado ginecológico practicado a la menor, además de un dictamen pericial en materia de Psicología.
 
En la resolución de la autoridad se manifiesta que no se encontraron reunidos los elementos de prueba que sostuvieran la acusación ni  de que los mencionados hayan cometido un acto sexual con la menor. Incluso se advierte que Dariana, a través de los estudios psicológicos que se le practicaron: “no presentó características de haber vivido una experiencia de tipo sexual”.